Por Enrique “Kike” Ríos y Mercedes Solanas, especial para NOVA

El Municipio de Paraná sostiene una fuerte decisión política de fortalecer el acceso a alimentos frescos, nutritivos y de calidad en los espacios comunitarios que acompañan a nuestras familias.

La gestión de la intendenta Rosario Romero decidió profundizar el trabajo conjunto con el Banco de Alimentos de Paraná, entendiendo que la asistencia alimentaria no puede reducirse a llenar una caja o entregar una ración: implica garantizar derechos y cuidar la salud de quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Esta política permitió ampliar el volumen y mejorar la calidad de los alimentos destinados a comedores y merenderos. Durante este año, por ejemplo, se incorporaron frutas frescas de estación, se sustituyó los productos a base de leche  por leche de primera calidad, se incorporó pollo y huevo, alcanzando a 160 merenderos y comedores comunitarios en más de 70 barrios de Paraná y asiste mensualmente con módulos alimentarios diferenciados a personas adultas mayores.

La decisión tiene un sentido profundamente político: frente a la crisis, el Estado municipal elige estar presente. Y elige hacerlo poniendo en el centro a las personas, a las infancias y a las familias, fortaleciendo las redes comunitarias y procurando que quienes más necesitan del acompañamiento estatal puedan acceder también a alimentos de calidad.

Porque el derecho a la alimentación no significa solamente garantizar calorías. Significa garantizar una alimentación suficiente, saludable, nutritiva y adecuada, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.

En tiempos en los que la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de vida golpean con mayor fuerza a los sectores populares, las políticas alimentarias deben ser políticas de cuidado y de protección de derechos, no simplemente mecanismos de distribución de productos.

Por eso, la política impulsada por la Municipalidad de Paraná constituye una definición que merece ser puesta en valor: más alimentos frescos, más calidad nutricional, más articulación con las organizaciones comunitarias y un Estado presente.

Porque cuando se trata de la alimentación de nuestros gurises, la calidad también es un derecho. Y garantizar ese derecho es una responsabilidad indelegable del Estado.