Por Enrique "Kike" Ríos, especial para Minuto Paraná

Entre Ríos atraviesa una situación que debería encender todas las alarmas. Los datos recientemente difundidos ubican a nuestra provincia con una tasa de 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes durante 2025, la más alta del país.

Detrás de ese número hay 288 vidas perdidas. Hay familias atravesadas por el dolor, amigos que buscan explicaciones y comunidades que quedan preguntándose qué se podría haber hecho antes.

Por eso, hoy no alcanza con publicar una placa, hablar de concientización o repetir que “hay que pedir ayuda”. La pregunta incómoda es qué estamos haciendo como Estado para que esa ayuda exista, sea accesible y llegue a tiempo.

La prevención del suicidio requiere profesionales, equipos interdisciplinarios, dispositivos territoriales, atención sostenida, seguimiento de las personas en riesgo y políticas públicas que no dependan de la voluntad individual de quien atraviesa una crisis.

La OMS es clara, el suicidio puede prevenirse y la respuesta requiere financiamiento, vigilancia, coordinación entre sectores, detección temprana, tratamiento y seguimiento.

Entonces, frente a una cifra que debería conmovernos y movilizarnos, no podemos naturalizarla, minimizarla ni esconderla detrás de una estadística.

Tampoco podemos aceptar que la salud mental quede relegada cuando los números muestran que estamos frente a un problema que exige una respuesta urgente.

Gobernar también es hacerse cargo de estas realidades.

Es invertir en prevención.

Es fortalecer el sistema público de salud.

Es garantizar profesionales y dispositivos de atención.

Es estar presentes antes de que sea demasiado tarde.

Este 10 de septiembre, cambiemos la narrativa, pero también cambiemos las prioridades.

Porque prevenir el suicidio no es solamente hablar de salud mental. Es una responsabilidad política, sanitaria y social.

Menos discursos. Más prevención. Más recursos. Más Estado.